La Casa Blanca envió a los legisladores su propuesta de ley en la que detalla una serie de medidas para proteger a los Estados Unidos de ciberataques y sus consecuencias.

Algunas de las acciones más importantes del que ya es conocido como el “plan de ciberseguridad de Obama” son medidas para minimizar el impacto en la infraestructura crítica del país, previsiones para proteger la privacidad de la información de los ciudadanos, métodos para reportar brechas de seguridad y la propia seguridad de la infraestructura tecnológica del gobierno.

Los expertos podrían describirlo más que como una ley, como un mega plan para minimizar el riesgo ante amenazas electrónicas, cuyas acciones impactarían, de ser aprobado, tanto al sector público como al privado.

La propuesta legislativa no es enteramente nueva. Actualmente ya está vigente la Ley Federal de Administración de Seguridad de la Información, pero su alcance afecta únicamente a las entidades de gobierno. Esta propuesta podría considerarse como una actualización que añade obligaciones para el sector privado.

Una de las virtudes del plan de ciberseguridad de Obama es que aglutina diversos aspectos del problema pues, por ejemplo, el Senado en particular ha promovido diversas iniciativas de ciberseguidad, entre ellas relacionadas con temas específicos como la privacidad de la información, lo que sería solo una parte de una estrategia integral de ciberseguridad.

En lo tocante a lo que podrían ser nuevas obligaciones para las empresas no es descabellado decir que, ahora por ley, serán responsables de desarrollar planes integrales de ciberseguridad que cubran los riesgos mencionados, los cuales debería reportar y registrar con el gobierno e incluso podrían ser auditados, según lo que hasta ahora se conoce del plan.

Ya en el pasado la Casa Blanca ha tenido intenciones de elevar a ley el poder que el presidente de EU podría tener sobre infraestructura crítica como internet. En junio de 2010 el Senado de EU propuso dar poderes al presidente para ‘bajar el switch’ a internet ordenando a los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) a desconectar la infraestructura crítica concesionada para impedir el acceso a redes críticas en caso de una ciberamenaza.

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