En la primera consulta pública del Senado sobre la conveniencia de firmar el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA), expertos, académicos, activistas de derechos humanos, abogados y representantes de la industria de internet, se pronunciaron por desechar el Acuerdo Antifalsificacion propuesto por Estados Unidos.

Tanto legisladores como la mayoría de los representantes de la sociedad civil coincidieron en que ACTA trae más desventajas que ventajas durante la audiencia pública que concedió un grupo plural de senadores que da seguimiento a las negociaciones donde participa México. El Senado es responsable de aprobar los tratados y convenios internacionales que negocia el Poder Ejecutivo.

La senadora panista María Beatriz Zavala Peniche dijo que el Senado tiene que velar porque se garantice el derecho patrimonial de la creatividad, pero también el derecho al conocimiento, difusión y socialización de la cultura.

“Como senadora no podré estar de acuerdo con ningún convenio internacional que viole garantías individuales, que vaya en contra de la Constitución o no sea compatible con el derecho jurídico mexicano”, aseguró Zavala.

El senador perredista Carlos Sotelo dijo en su participación que ante cualquier reforma para combatir la falsificación de obras es indispensable un marco jurídico equilibrado que preserve los derechos de propiedad intelectual y las garantías fundamentales. El legislador consideró que México debe hacer un esfuerzo propio de legislación sobre propiedad intelectual y garantizar derecho universal a la banda ancha.

Asimismo exigió que se cumpla la ley que obliga a informar al Senado sobre el avance de negociaciones internacionales que mantenga cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México. Al respecto, Sotelo afirmó que tales negociaciones deben ser documentadas en un reporte que debe contener los beneficios y ventajas que se esperan obtener, las consecuencias de no hacerlo, así como un programa calendarizado del proceso lo cual, asevero, no ha sucedido en este caso.

Alejandro Pisanty, presidente de la organización Sociedad Internet de México dijo que no se puede firmar o ratificar un acuerdo internacional para la protección de la propiedad industrial e intelectual sin revisar el ámbito digital. En el ACTA “hay vaguedades, indefiniciones y contradicciones muy difíciles de tratar respecto al entorno digital”, consideró.

Daniel Gershenson de la asociación civil Alcomsumidor dijo ha habido “opacidad en las negociaciones del Acuerdo” y que el Senado no debería ratificarlo pues constituye una camisa de fuerza y “la posibilidad de que se le ponga un bozal al uso y disfrute de Internet”.

Agustín Ríos, representante de la Asociación Mexicana de Internet, destacó que México ha ratificado 10 tratados internacionales en materia de derecho de autor y que sumados a la legislación nacional da un total de 17 ordenamientos legales para sustentar cualquier acción legal para proteger este derecho de autor o de propiedad intelectual.

Y ¿a favor?

Sergio Alfonso Gutiérrez, autor del libro Integración Social Digital, consideró que ACTA brinda una gran oportunidad para el país, pues México destaca a nivel mundial en industrias creativas y el acuerdo servirá para protegerlas. José Ángel Quintanilla, director general de la Editorial Édere reconoció que en ámbito digital no hay una normatividad para sancionar la violación del derecho de autor y prevé que la firma del ACTA permitirá proteger y promover la cultura mexicana.

ACTA es promovido por EU y Japón para su discusión y adopción en Canadá, Marruecos, Singapur, la Unión Europea, Corea, Nueva Zelanda, Australia y México.

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), la Asociación Mexiacana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) y la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) se han pronunciado porque ACTA es anticonstitucional.

Audios de las intervenciones del Grupo de Trabajo en el Senado para discutir ACTA, clic aquí.