Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) podrá fijar las tarifas de interconexión cuando las compañías telefónicas no se ponen de acuerdo entre ellas.

La eliminación de este obstáculo para la Cofetel convierte a este fallo en  el más importante de los últimos años en esta materia, siendo Juan Silva Meza, presidente de la Corte quien definió la votación al argumentar que si bien la regla general es la libertad comercial, también existen espacios como las telecomunicaciones, en los que la Constitución no sólo autoriza sino  impone la intervención del Estado para garantizar el respeto de derechos fundamentales.

Esta jurisprudencia deberá ser acatada por todos los jueces federales del país, además de que afectará varios litigios que están en curso, ya ue la parte afectada podrá solicitar la revocación de las suspensiones previamente otorgadas.

Los ministros señalaron que no basta la interconexión de las redes de telecomunicaciones para tener por salvaguardado el orden público y el interés social que procura la ley, sino que también es necesario garantizar que la interconexión se realice en un ambiente de sana competencia entre los concesionarios y en condiciones de eficiencia, atendiendo los intereses de los consumidores.

Asimismo, los concesionarios podrán seguir interponiendo amparos en contra de las resoluciones emitidas por la Cofetel para que sea el Poder Judicial la instancia que defina si éstas son legales, sin embargo las resoluciones no podrán ser congeladas durante el trámite del juicio.

El ministro José Ramón Cossío enfatizó que la Cofetel ejerce una atribución de la que el Estado no se puede desprender y señaló que  los concesionarios no son dueños de los bienes de dominio público que explotan.

En marzo la Cofetel destrabó el acuerdo en las tarifas de interconexión entre Alestra y Telcel, fijándola en $0.3912 pesos el minuto. Para definir el costo de la nueva tarifa la Comisión utilizó la metodología de costo incremental total de largo plazo (CITLP), la cual es adoptada por la mayoría de los órganos reguladores en el mundo.