BSA aplaude reformas contra piratería callejera; falta internet
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La Asociación de Software Empresarial (BSA, por sus siglas en inglés) en México aplaudió la aprobación del dictamen para las reformas por la Cámara de Diputados que permitirán perseguir de oficio a los vendedores de piratería, incluida la de programas de cómputo.
Los artículos 429 del Código Penal Federal y el 223 Bis, de la Ley de Propiedad Industrial harán posible a la autoridad perseguir de oficio a quienes vendan o comercialicen en vías o lugares públicos mercancía pirata, así como productos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas como propiedad industrial.
Kiyoshi Tsuru, director de la BSA en México, aseguró que no solo es una buena noticia para la industria establecida de software, sino para los innovadores nacionales. Tsuru evitó hacer comentarios con respecto al cabildeo que la Asociación llevó a cabo entre los diputados para la aprobación de las reformas y evitó atribuirlas a la organización.
“El logro es de todos lo mexicanos, no lo atribuiría ni a la BSA ni a sus miembros. Para nosotros lo más benéfico es que se pueda combatir a la piratería en los lugares públicos porque antes se necesitaba la querella. Esto va a ser en beneficio de la economía formal”, dijo.
También prefirió no hacer pronósticos sobre el impacto económico que tendrá en la industria nacional de software.
Asimismo, recordó que 59% del software utilizado en México por individuos y empresas es apócrifo, según cifras de la firma de análisis de mercados IDC. De acuerdo con la BSA 59% de las computadoras utilizadas en las pequeñas y medianas empresas mexicanas (Pyme) usan software de manera ilegal, ya sea al comprar una licencia de software e infringiendo los términos de uso de ella, o comprando apócrifo.
La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), organización que aglutina aglutina a las compañías de software, Internet, discográficas y de cinematografía, entre otras, recomendó a finales de febrero pasado que México fuera incuido en la Priority Watch List, donde las industrias mencionadas exigen a las autoridades locales la ejecución de más y más agresivas medidas para combatir la piratería.
Al ser cuestionado sobre la piratería de software en internet y que las reformas no contemplan nada relacionado con este delito, Tsuru mencionó que estudios muestran que la descarga de programas por internet sigue creciendo y consideró que serán las acciones de cooperación internacional y la colaboración de los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) las que ayuden a combatirla.
“En ese sentido México tiene firmados los tratados con la Organización Mundial de Propiedad Industral (OMPI), pero hay que ajustar la normatividad nacional para hacer frente a esta problemática”, opinó.
Sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) que aún se encuentra en borrador y en el que México participaría si es aprobado por el Senado, dijo que no impondría obligaciones adicionales a las que México ya adquirió con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) negociado con la Organización Mundial de Comercio (OMC).
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ACTA pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. De esta manera, su adopción implicaría la creación de marcos legales para combatir la piratería y falsificación en internet.
Según la Sección 4 del borrador de ACTA, el Acuerdo buscará que se castigue con las leyes locales la falsificación de marcas y la piratería en internet de contenidos protegidos. Una de las propuestas es castigar a los usuarios a través de la limitación del servicio que ofrecen los ISP o de los proveedores de servicios en línea.
Además, los proveedores de servicios de internet deberán monitorear sus servicios para identificar el almacenamiento no autorizado o la transmisión de contenidos protegidos, según los términos en los que el borrador con fecha del 20 de enero de 2010 está redactado.
