Gobierno español suaviza intención de regular buscadores
El gobierno de España reviró sus intenciones de impulsar una legislación que regulara la operación de los buscadores de Internet.
La autoridad española, particularmente el Ministerio de Industria, pretendía llevar a la Unión Europea (UE) una propuesta de normativa con la cual se obligaría a los buscadores como Bing, Google o Yahoo a pagar derechos de uso de red, una especie de peaje que reclaman los operadores en la península ibérica.
El documento “Estrategia de Granada para una Europa Digital” ofrecería detalles sobre la propuesta, aunque el planteamiento original de la estrategia es la política de telecomunicaciones y de sociedad de la información que la UE deberá asumir entre los años 2010 y el 2015.
Sin embargo trascendió que el documento ha suavizado la postura del gobierno español debido a la polémica desatada en días recientes, provocada en parte por las presiones que operadores, en especial Telefónica a través de su presidente César Alierta, han ejercido abiertamente.
El documento con las modificaciones fue enviado a las instancias correspondientes de la UE y el ministro de Industria español, Miguel Sebastián, ha dicho que es el válido, no así el primero.
Bajo las nuevas premisas, una posible regulación a los buscadores perseguiría cerrar el paso a posibles abusos y defender la competencia.
“Las posibles posiciones de abuso que pudiera haber en los diferentes eslabones de la cadena de valor que vayan más allá de las redes de comunicaciones electrónicas, deberán ser estudiadas y, en todo caso, abordadas desde el punto de vista de defensa de la competencia”, indica el nuevo documento, con fecha del 24 de febrero.
En Estados Unidos el debate en materia de neutralidad de Internet ha sido fuerte y mientras que grupos pugnan por emitir regulaciones, respaldados principalmente por operadores de telefonía y proveedores de servicios de Internet (ISP), otro defienden que la red no debe privilegiar una parte de su tráfico, sino tratar por igual a todos los proveedores de contenidos y servicios.
En el primer documento se señalaban como sujetos de regulación no solo a los buscadores de Internet, sino a proveedores de servicios de hospedaje de aplicaciones o información y a servicios de cómputo en la nube.
Algunos operadores tanto en Estados Unidos como en España han defendido su causa argumentando que deberían cobrar derechos de uso de su infraestructura o “peaje” a proveedores de contenidos o servicios en Internet cuyos servicios requieran una mayor cantidad de recursos de sus redes.
